Sistema Nacional de Seguridad Pública: Nuevas Leyes, nuevos retos
El 1 de julio, fueron aprobadas las iniciativas de decreto por el que se expiden la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como parte de un esfuerzo por fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno en materia de seguridad pública.
Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública
Este ordenamiento tiene como objetivo establecer un sistema integral de inteligencia que permita al Estado anticiparse a amenazas delictivas mediante el uso estratégico, legal y coordinado de información.
Aspectos técnicos relevantes:
- Marco normativo especializado: Regula la recolección, análisis y uso de información con fines de seguridad pública, dotando de legalidad a las actividades de inteligencia.
- Interconexión institucional y colaboración privada: Crea una plataforma interoperable entre autoridades de los tres órdenes de gobierno e incorpora mecanismos para la colaboración con entes privados, como instituciones financieras, empresas de telecomunicaciones y prestadores de servicios digitales.
Esta integración busca facilitar el acceso a la información estratégica y robustecer la capacidad analítica del sistema nacional de inteligencia.
- Acceso a bases de datos sensibles: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) podrá acceder a información personal, biométrica, fiscal, financiera y de telecomunicaciones. Aunque no se eliminan los controles judiciales, el acceso deberá regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
- Fundamento constitucional: Deriva de la reforma al artículo 21 de la Constitución, publicada el 31 de diciembre de 2024.
- Enfoque preventivo: Se transita de un modelo reactivo a uno proactivo, en el que la inteligencia se convierte en el eje articulador del sistema nacional de seguridad.
Observaciones y desafíos técnicos:
- Equilibrio entre seguridad e intimidad: La posibilidad de acceder a bases de datos sin requerimientos judiciales explícitos ha generado inquietudes sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión para garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
- Uso estratégico de la inteligencia: Se ha señalado la importancia de delimitar claramente el uso de la inteligencia a fines estrictamente vinculados con la seguridad pública.
- Diseño institucional centralizado: La conformación del Consejo Nacional de Inteligencia ha motivado reflexiones sobre la conveniencia de incorporar contrapesos institucionales adicionales.
- Participación de las Fuerzas Armadas: La inclusión de instancias militares en tareas de inteligencia civil plantea el reto de asegurar una conducción civil efectiva del sistema.
- Protección de datos personales: La interoperabilidad con actores privados y el acceso a información sensible requieren reforzar los marcos de protección de datos, así como establecer mecanismos de auditoría y rendición de cuentas que garanticen el uso legítimo y proporcional de la información.
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Este ordenamiento tiene como objeto rediseñar el modelo de seguridad ciudadana en México, priorizando la prevención, la profesionalización policial y la inteligencia estratégica como ejes rectores.
Ejes técnicos principales:
- Modelo integral de seguridad: Establece una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno.
- Principios rectores: Colaboración, transparencia y enfoque en resultados.
- Formación y profesionalización policial: Se crea un Plan Rector con estándares nacionales de certificación, un régimen disciplinario y una política nacional de acreditación institucional.
- Gestión de información: Se establece la obligación de alimentar registros nacionales con datos verificables y permitir la interoperabilidad con el Sistema Nacional de Inteligencia para fortalecer la toma de decisiones.
- Rendición de cuentas y fiscalización: Se prevé la participación de la Auditoría Superior de la Federación y una evaluación sistemática del gasto público en seguridad.
Conclusión
La implementación del nuevo marco legal en seguridad pública plantea desafíos relevantes en materia de coordinación intergubernamental, fortalecimiento institucional y gobernanza. Un elemento clave será lograr una articulación efectiva entre los tres niveles de gobierno, sin que ello implique una merma en la autonomía operativa de las autoridades locales.
La profesionalización policial y la gestión estratégica de la información demandarán inversiones sostenidas y un compromiso institucional continuo. Este proceso representa, además, una oportunidad para consolidar mecanismos de supervisión independiente y fomentar una participación ciudadana más activa en el ámbito de la seguridad pública.
Finalmente, la definición precisa del rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad será determinante para asegurar un equilibrio adecuado entre la eficacia operativa del Estado y la conducción civil del sistema de seguridad pública.
Tras su aprobación, la iniciativa fue turnada al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, conforme a lo previsto en el proceso legislativo. Con ello, se espera que ambas leyes entren en vigor en los próximos días, marcando el inicio de una nueva etapa en la arquitectura institucional de la seguridad pública en México.
Fuente: Checkpoint México
